Es tanta la influencia que han alcanzado los diferentes evaluadores de la actividad empresarial y económica –desde las agencias de rating a los monitores de intangibles—que convendría conocer los fundamentos de esas evaluaciones tratando de objetivar algunos hechos imprescindibles como su rigor metodológico, la transparencia del proceso evaluador y la independencia del evaluador. Solo así, sabiendo quién nos está evaluando y cómo lo está haciendo, los resultados obtenidos servirán para hacer mejores empresas y economías más sanas. Lo contrario lleva directamente al fraude.

El término evaluador tiene en este texto un sentido amplio. Evaluadores son las agencias de calificación de deuda, las empresas de auditoría, los índices de inversión responsable, los monitores de reputación, etc. Pese a que la repercusión de sus resultados es muy diferente en el devenir de una empresa o de un país, a todos ellos les son exigibles, reitero, unos estándares suficientes de transparencia, rigor metodológico e independencia.

La actual crisis económica que sufre el otrora denominado primer mundo –Europa y EEUU principalmente—conviene recordarlo, comenzó como una crisis financiera consecuencia de una desregulación salvaje y de una falta de supervisión dolosa por parte de los organismos que tenían encomendada esa misión. Los efectos de las crisis frecuentemente se desvirtúan con cifras y datos macroeconómicos que, como el efecto de un ansiolítico, nos liberan de la angustia de confrontarnos con la realidad, aunque no nos libren del objeto de la angustia, es decir, de la realidad misma y si no, que se lo pregunten a los ciudadanos griegos.

Dos documentos muy ilustrativos sobre el alcance y la naturaleza de la crisis a la que me refiero, esa crisis que inicialmente fue financiera, que más tarde devino en económica, que ya es una crisis social y que, desgraciadamente, acabará siendo una crisis axiológica, de valores, son Inside job, un documental cinematográfico dirigido en 2010 por Charles Ferguson y Algo va mal, el libro póstumo del historiador Tony Judt, publicado en el mismo año. Estas dos luminosas piezas de análisis nos advierten de cómo el fraude en los análisis y el abandono de cualquier cautela crítica por parte de ciudadanos, partidos políticos, gobiernos, etc., deviene en empobrecimiento social y en una merma de la calidad democrática.

Si la transparencia, el rigor metodológico y la independencia en cualquier tipo de evaluación que afecte al sistema productivo micro o macro –empresas, países o la comunidad global—es una exigencia irrenunciable en cualquier tiempo, en el actual es, simple y llanamente, un imperativo moral, porque sus consecuencias pueden ser demoledoras para determinadas empresas o países.

La sospecha de que en 2009 Goldman Sachs (la compañía con mejor reputación entre las securities de Fortune ese mismo año) asesoró al gobierno griego presidido entonces por Costas Caramanlis en la presentación de sus cifras económicas ante las autoridades de la Comisión Europea; la reciente investigación que ha abierto la SEC (Security Exchange Comission) sobre la metodología de análisis empleada por las agencias de calificación Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch, o la publicación el año pasado del Libro Verde de la Comisión Europea sobre la función del auditor, advirtiendo de los riesgos que supone la auditoría de grandes corporaciones y la necesidad de imponer reglas en esta actividad que eviten facturaciones ajenas a la estricta labor de auditoría, que acorte el número de años que una auditora evalúa a una empresa… son solo tres ejemplos sobre la raíz del problema al que me refiero, pero son tres ejemplos que ilustran otros tantos supuestos déficits de transparencia, rigor metodológico e independencia, cuando no los tres simultáneamente.

En una escala inferior, en cuanto a la repercusión y efectos directos, pero equivalente en lo que se refiere a la naturaleza del problema que comento, nos encontramos con los monitores de reputación corporativa; instrumentos de evaluación cada vez más influyentes en el mundo empresarial, que están proliferando sin demasiado control, no por parte de los organismos de regulación o de supervisión, porque no es de su competencia, sino de la opinión pública ilustrada, la academia, los medios de comunicación y otras instancias de esa sociedad civil tan depauperada últimamente como denuncia Judt en el libro citado.

La injusticia en tiempo de crisis

Todos los monitores comparten, en mayor o menor medida, el mismo pecado original: la injusticia, incluso aquellos que basan sus evaluaciones en evidencias empíricas y hechos consistentes, no en simples percepciones. La solvencia de un banco, por ejemplo, no es algo evaluable en términos de percepción, sino que, como todo estado financiero es objetivable pues depende de una ratio de capital.

Son injustos también, aquellos monitores que evalúan a las empresas empleando públicos diferentes para preguntarles solo por aquellas cuestiones que les conciernen directamente: al cliente por la calidad del producto o servicio que compra, al inversor por los resultados financieros, al empleado por la calidad laboral, etc. Incluso son injustos aquellos otros monitores que son escrutados y evaluados externamente por una instancia de verificación independiente. Todos los monitores, créanme, pecan de injusticia porque son instrumentos basados en la estadística y todos ellos, hasta los mejores, tienen una cuota de error. Esta es la razón por la cual en tiempos de crisis como los actuales el primer deber de un monitor de reputación, un deber moral me atrevería a afirmar, es minorar la injusticia para no contribuir a la desestabilización de las empresas evaluadas.

Así, a pesar de todo, es menos injusto evaluar combinando evidencias empíricas y valoraciones subjetivas que solo percepciones; también lo es emplear públicos diferentes e informados que solo acudir a la población general o al consumidor. Igualmente, siempre será menos injusto un monitor cuya metodología se verifica de forma independiente y se publica, que aquél que no hace este esfuerzo de independencia y transparencia. Es cuestión de rigor, sí, y hasta de mejora continua, pero sobre todo es cuestión de responsabilidad.

(Fragmento de un artículo publicado en el diario colombiano Portafolio el pasado 11 de octubre de 2011)

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